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Entre la parte patronal y el trabajador, interviene de manera intermediaria algún
representante sindical y siempre se debe propiciar el diálogo y generar acuerdos. Todo lo
referente a cuestiones negociables entre la empresa y el trabajador, se gestiona vía
sindicato o recursos humanos, bajo tal lógica ¿Quién ejercería directamente violencia al
trabajador? Si los integrantes de recursos humanos, también son trabajadores con los
mismos derechos que cualquier otro. Hay fuentes que sugieren que, al menos el 50% de
los trabajadores en México, han sufrido alguna vez violencia laboral, siendo las mujeres
mas propensas a padecerla, no obstante, lo callan por miedo a perder su empleo y con
ello la seguridad económica y de algunos derechos sociales para él y su familia.
De acuerdo a la secretaria de Trabajo y Previsión Social; (STyPS), las violaciones a los
derechos laborales, son investigadas en cuanto se presenta la denuncia, sin embargo, en
la mayoría de las veces, el trabajador, ante el temor de perder su empleo y fuente de
ingresos, no denuncia las violaciones o faltas de las que es sujeto. La misma fuente, emitió
un protocolo para prevenir y erradicar la violencia en los centros de trabajo, aquí cabe un
cuestionamiento ¿En cuantas empresas del sector privado, existe de manera interna un
protocolo para tal fin? sería interesante saber cifras acerca de ello y del procedimiento
que se agota respecto a una queja presentada…
Argumenta la fuente que acorde a la reforma laboral 2019, los lideres sindicales serán
elegidos mediante voto libre, cada determinado tiempo, no obstante, no se explica el
cómo y quién es encargado de velar se cumpla tal supuesto; se sigue esperando a que, el
trabajador “arriesgue” su estabilidad laboral y con ello sus ingresos y la seguridad que ello
representa para su familia y denuncie las anomalías. ¿Se espera que el grueso de
trabajadores mexicanos (jornaleros, obreros, peones, ayudantes…), tenga conocimiento de
los alcances y límites de los representantes sindicales? La STyPS, argumenta que, en toda
empresa debe existir por escrito y difundir una política de prevención de riesgos
psicosociales, que contemple un protocolo para atender casos internos de violencia.